Una mirada crítica a la nueva normativa de inmigración

La Tribuna

¿Delincuentes? La posible consideración de los ‘ilegales’ como criminales es una de las medidas que despierta más indignación y debate entre las asociaciones de inmigrantes y los ciudadanos

Lo que no se puede negar es que la nueva normativa europea de inmigración, pese a que todavía no ha entrado en vigor, -prevista en principio para 2010-, ha suscitado una gran controversia en la sociedad española.

No se trata de un problema que afecte sólo a los extranjeros residentes en nuestro país, sino que directa e indirectamente las decisiones en lo que a ellos se refiere, conciernen al resto de los ciudadanos españoles.

Una de las trabajadoras de Guadacoge, asociación que trabaja por la integración social de los inmigrantes en la capital, Elena, cuestiona la dureza de la nueva normativa, en la que se contemplan medidas tales como la repatriación de los menores, el aumento del plazo de retención de los inmigrantes o su posible conside- ración como delincuentes si no realizan su entrada en un país de la Unión Europea con la documentación en regla.

La también conocida como ‘Directiva de la vergüenza’, apodada así por algunos medios de comunicación, provoca diversidad de opiniones. Elena juzga que «la retención es una privación de la libertad, equiparable a la prisión provisional». Esta directiva estudia la ampliación de los plazos de retención de los extranjeros que se encuentren indocumentados. Actualmente, la legislación establece un periodo de retención de 40 días, con posible ampliación a seis meses. Sin embargo con la llegada de la nueva normativa, en algunos casos se pueden extender incluso hasta los 18 meses.

El vicario episcopal de la Pastoral Social de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, Braulio Carlés, corrobora esta opinión: «estas retenciones se encuentran más próximas a la delincuencia». Una de las abogadas de la Asociación Comisión Católica Española de Migración, ACCEM, Judith, mantiene la confianza en que España no llegará a la altura de los italianos, quienes estudian tipificar como delito la inmigración ilegal. «Aquí no vamos a llegar a eso», declara convencida la abogada.

El presidente de la asociación de rumanos Solirom, Daniel, considera que «lo peor de todo son las detenciones, que traten como criminales», declaró y apostilló que «es vergonzoso». Su descontento no es el único y cree que, por mucho que se endurezca la ley, «la gente va a seguir viniendo a trabajar», argumenta el presidente. Hademou Sokhona, que dirige la Asociación de Cooperación al Desarrollo de Mauritania, reivindica una oportunidad para «las personas que vienen a mejorar su vida», y añadió que «si es un delincuente se le puede repatriar, sino, no», consideró el mauritano.

Hace un par de años se podía establecer un patrón general del inmigrante que llegaba a tierras alcarreñas. Sin embargo, hoy en día pueden residir en la capital hasta 26 nacionalidades diferentes, como ya recogió uno de los informes mensuales que se realizan en Guadacoge. Ahora llega gente de países tan lejanos y diversos como Pakistán, Ghana o Bangladesh, casi todos atraídos ante la perspectiva de un futuro mejor. «Ha habido mucho cambio en las nacionalidades», explica, en este sentido, Elena.

La mayoría están de acuerdo en considerar las decisiones de la UE como «egoístas», ya que no miran por los intereses de los inmigrantes. Braulio objeta que la política europea en materia de inmigración lleva «una clave exclusivamente de trabajo, de mano de obra», y añade, como se suele decir, sin pelos en la lengua, que en su opinión, en lugar de emplear la palabra ‘retorno’, se debería usar ‘expulsión’, al igual que ‘retención’ solamente encubre lo que en realidad es un ‘encarcelamiento’. Reprocha que los inmigrantes son tratados peor que mercancías, porque «la mercancía circula libremente, las personas no». Elena considera que también se debe tener en cuenta que «estamos siendo cómplices para que otros estados de la UE hagan lo mismo».

En la capital, hay cerca de 18 inmigrantes procedentes de Mauritania, la mayoría tienen regularizada su situación. Hademou reclama una mayor atención para su país, para su continente. «Países como Alemania, Francia, España o Italia están montando empresas en países del Este para levantarlos, ¿por qué no lo hacen en África?», pregunta el presidente de la asociación de Mauritania.

Solidarios.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la constituyen las organizaciones como Cáritas o Guadacoge, que proporcionan ayuda desinteresada a los inmigrantes que llegan a Guadalajara. María de Lourdes, una de las trabajadoras de Cáritas, explica que acogen «gente con extrema necesidad». Las principales demandas que se producen están relacionadas con la alimentación, vestido y alojamiento.

Estas asociaciones desarrollan programas para fomentar su integración en la sociedad, como un curso de castellano, que ofertan a todo el que quiera apuntarse, o una iniciativa de orientación socio-laboral, donde se les enseñan habilidades de convivencia, de cara a su estancia en la capital.

En Guadacoge realizan informes mensuales acerca de las principales peticiones de documentación de los extranjeros, como el número de permisos de residencia, visados o el registro de las expulsiones que se llevan a cabo.

El vicario episcopal Braulio Carlés opina que no existe actualmente suficiente capacidad para acoger a todos los extranjeros que llegan, pero sostiene que «en función de nuestras posibilidades, deberíamos elaborar políticas de integración», ser lo más generosos posible. Asimismo, afirma que los inmigrantes son necesarios en la economía, ya que según él, «no podemos darles trabajo en la construcción, por ejemplo, pero hay otros campos en los que sí se necesitan» expresó convencido y ejemplificando entre estos últimos «la hostelería o el servicio doméstico, a pesar de nuestra situación económica», apuntó el vicario.