UGT dice que se ha identificado ya a 500 jornaleros sin permiso de trabajo

La Verdad

El sindicato denunció ayer la «lacra» que representan las empresas que actúan como intermediarias con los dueños de las explotaciones agrícolas

En lo que va de año la Brigada de Extranjería y la Inspección de Trabajo han identificado, en la provincia de Albacete, a cerca de 500 inmigrantes sin permiso de trabajo en las faenas agrícolas, fundamentalmente la recogida del ajo y la cebolla. Así lo indicó ayer el sindicato UGT, que ha visitado 80 tajos para informar de sus derechos a los jornaleros y conseguir que perciban un salario «digno».

La secretaria de Empleo y Acción Social de UGT Albacete, Mayte Ortega, explicó en rueda de prensa que, en líneas generales, el dispositivo que ha puesto en marcha este año la Subdelegación del Gobierno, que incluye la obligación de comunicar las previsiones de mano de obra, «está funcionando bien», e indicó que ha aumentado el número de contrataciones legales de trabajadores extranjeros y la habilitación de alojamientos «con unas condiciones mínimas».







No obstante, recordó que han salido a la luz casos como los de la Humosa, donde se localizó a 70 trabajadores en situación irregular y, más recientemente, en Minaya, donde se ha identificado a seis rumanos sin permiso de trabajo y a dos menores de 16 años que realizaban su labor en las mismas condiciones laborales que el resto.


Lacra

La representante de UGT Albacete denunció que la «mayor lacra» que tiene en estos momentos el sector agrario es la existencia de «empresas de servicios» que actúan como intermediarias entre los trabajadores y los dueños de las explotaciones, unas empresas que según dijo «cometen irregularidades y esquilman el salario» de los jornaleros . Ortega subrayó que en este asunto no eximen de culpa al agricultor ya que éste «debe estar al tanto de la situación de los trabajadores que emplea», y comentó que son «muchas» las incidencias que se han registrado con este tipo de empresas en la provincia de Albacete. Por otra parte, la secretaria provincial de Empleo y Acción Social de UGT señaló que la crisis de la construcción ha hecho que se derive mano de obra al campo, de manera que los empresarios «tienen más oferta» de personas que quieren trabajar y, en base a ello, «algunos aprovechan las circunstancias para ahorrarse costes con salarios más bajos». En este sentido, explicó que «hay empresarios que respetan el convenio y otros que lo hacen mal», indicando que en el caso del ajo «el precio estipulado por caja, de 1,90 euros, se está pagando por debajo».

Mayte Ortega valoró la «buena praxis» de la Brigada de Extranjería y la Inspección de Trabajo y comentó que gracias a las medidas que se han puesto en marcha para facilitar la contratación de rumanos y búlgaros ha descendido este año el número de asentamientos ilegales, aunque la otra «cara de la moneda» se ha traducido en una mayor presencia de personas de origen subsahariano «sin papeles» que, manifestó, han tenido menos oportunidades de trabajo y han acabado marchándose a otras regiones.

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, Ortega afirmó que existen algunos asentamientos como el ya tradicional conocido como "Cereales Saltó", una nave en ruinas donde han llegado a vivir hasta 300 personas, o el campamento de La Dehesa en la que viven 200 inmigrantes.