La Guardia Civil contacta con ONG para evitar asentamientos ilegales

Tomelloso

La Tribuna de Ciudad Real

El subdelegado del Gobierno asegura que la Guardia Civil «controlará» la llegada de temporeros compaginando sus funciones de prevención del delito con las de carácter humanitario.

La llegada de temporeros a La Mancha para la campaña de vendimia y del melón que equilibre el déficit de mano de obra que se ha producido en los últimos años hace que tanto organizaciones agrarias como administraciones y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado realicen un análisis de la situación para prever el número de temporeros que serán necesarios y las condiciones de legalidad con las que deben contar para garantizar sus derechos.

Desde esta perspectiva, según confirmó a La Tribuna el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Miguel Lacruz, la Guardia Civil de Tomelloso ha iniciado contactos con varias ONG y organizaciones de ayuda para conocer la situación de los inmigrantes que llegan a la localidad de cara a la vendimia y poder así evitar situaciones como la de los asentamientos ilegales y la creación de guetos o áreas de exclusión en condiciones de salubridad inhumanas, sobre todo en caso de que lleguen menores.

Según explicó Lacruz, la Guardia Civil tiene como principal «misión prevenir el delito» y además cumple con una serie de «funciones humanitarias y de atención a colectivos sociales que puedan necesitarlo».

En este caso la Guardia Civil colabora «constantemente con todas aquellas entidades que trabajen por mejorar la situación de colectivos en riesgo», subrayó el subdelegado del Gobierno.

A su juicio, el papel de la Benemérita será fundamental para «controlar la llegada de inmigrantes y el tráfico de personas de manera ilegal durante la campaña agrícola» para evitar así situaciones como las que se produjeron el año pasado. En Tomelloso y en varios puntos de la comarca se efectuaron en la campaña anterior varias operaciones para «desmantelar bandas organizadas de tráfico de personas a las que contrataban de manera ilegal y fraudulenta», recordó Lacruz.

Unas circunstancias que esperan paliar con el nuevo régimen de contratación que se ha puesto en marcha este año, incluido con el incremento de inspecciones por parte de la Delegación de Trabajo. «Confío en que este año el número de contrataciones ilegales va a ser bastante menor que en otras ocasiones, ya que se han tomado las medidas adecuadas para ello», subrayó Lacruz.

Hasta el momento, aseguró, la Subdelegación del Gobierno ha registrado en torno a «13.000 solicitudes de trabajo, más del doble que el año anterior». Unos datos que, según Lacruz, «hacen pensar que cada vez las cosas se van a hacer mejor y los trabajadores inmigrantes van a reunir todos los requisitos legales previstos».

Empresarios y agricultores están concienciados de que «es necesario hacer las cosas de acuerdo a la legalidad». Para Lacruz, este año se ha intentado «planificar la recogida de la uva y facilitar los trámites burocráticos a los agricultores para que el proceso administrativo no sea un inconveniente para la contratación».