Global Castilla-La Mancha
El pasado diciembre un accidente laboral acababa con la vida de una trabajadora boliviana en una finca agrícola de Pozo Cañada. El suceso desvelaba que la inmigrante carecía de contrato laboral, al igual que otros ocho compatriotas suyos. Este caso es tan sólo una muestra del empleo sumergido que se mueve en Albacete. Y es que las actuaciones de la Inspección de Trabajo realizadas en el primer semestre de 2008 en la provincia de Albacete promovieron el alta en la Seguridad Social de 107 trabajadores que no estaban cotizando, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Y eso a pesar de que el empresario o su representante legal está obligado a dar de alta en la Seguridad Social a todos los trabajadores de la empresa. En caso de que el empresario no cumpla con su obligación podrá hacerlo el trabajador o, en su defecto, de oficio la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, en el apartado de Seguridad Social, los inspectores y subinspectores de Trabajo de la provincia de Albacete llevaron a cabo de enero a junio del pasado año 2.485 actuaciones, que supusieron 179 infracciones en acta y un montante total de 277.660 euros en sanciones por incumplimiento de la normativa en esta materia.
No obstante, hay que matizar que no todas las infracciones son estrictamente empleo sumergido ya que en muchas ocasiones se trata de errores, principalmente en el caso de pymes, que tienen más dificultades para contar con un buen asesoramiento en materia laboral. Aunque dichas infracciones en acta afectaron a un total de 262 trabajadores albaceteños.
A su vez, el importe de los expedientes liquidatorios -es diferente al de las sanciones ya que es el dinero que se exige al empresario como débito a la Seguridad Social por todo el tiempo en que no ha dado de alta a sus trabajadores- ascendió a 1.745.651 euros.
Dentro de estas actuaciones se enmarcan las visitas rutinarias a empresas que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. Respecto al total de las infracciones detectadas en estas visitas, las irregularidades en el apartado de Seguridad Social ocupan el segundo lugar.
Así, en total se realizaron en los seis primeros meses del año 1.503 visitas a centros de trabajo que originaron 328 actas de infracción, lo que implica que el 21,82% de las visitas de los inspectores en la provincia acaba en un acta. Y de estas 328 infracciones, 118 se deben a irregularidades en materia de Seguridad Social, un 35,98% del total.
Años anteriores
Si comparamos con los datos de ejercicios anteriores, se observa una tendencia al alza ya que en todo 2007 se generaron 355 actas de infracción en normativa de Seguridad Social a raíz de las visitas de la Inspección de Trabajo, frente a las 333 de 2006 y a las 229 del año 2005. Aunque a falta de los datos oficiales de todo el ejercicio de 2008, se puede prever una bajada dado que en el primer semestre sólo se generaron 118 actas de infracción y si sigue esa tendencia no se llegara a las, por ejemplo, 355 de 2007.
El primer lugar del escalafón lo ocupan las anomalías en el apartado de Seguridad y Salud Laboral, con un total de 142 casos. Muy por detrás le siguen las actas de infracción en materia de Inmigración -23 supuestos- y en Relaciones Laborales -17-. Las infracciones en el apartado denominado como Otras Áreas representan 28 casos.
Estas visitas rutinarias acarrearon 1.370 requerimientos -acto judicial por el que se insta a que se haga o se deje de ejecutar algo-. El área de Seguridad y Salud Laboral es nuevamente el que más solicitudes ocasionó -con 1.070-, seguido muy de lejos por los 166 requerimientos en el apartado de Seguridad Social. En tercer lugar se sitúan los 131 requerimientos en el ámbito de Relaciones Laborales.
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